Tuve la fortuna de disfrutar de las clase de economía del profesor Díaz-Giménez durante mi no tan lejano paso por el IESE.

El número de enero de la revista de análisis Comentarios de Coyuntura Económica que publica mensualmente esta escuela de negocios recoge un interesante artículo suyo en el que expone su propuesta de cinco reformas que, según afirma, contribuirían a crear empleo y a reducir significativamente el paro:

1 – Reducir los costes laborales: indemnización creciente que empezara en 10 días por año trabajado, que aumentara en dos días al año hasta llegar a 20 días y que como máximo ascendiera al equivalente a seis meses de salario. Su argumento para proponer esta medida: cuando la interrupción de la relación lanoral es excesivamente costosa, forzosamente se crean menos puestos de trabajo que los que se crearían si no lo fuera.

2 –  Unificar los contratos laborales: derrogación de los contratos temporales; contrato único, indefinido y con un coste de despido creciente y limitado para todos. Los contratos temporales tienen, argumenta Díaz-Giménez, muy pocos incentivos para empresarios y trabajadores porque ambas partes saben que, muy probablemente, terminará antes de que se cumplan los tres años. Por el contrario, las partes de un contrato indefinido de larga duración se vuelven prisioneras de la excesiva cuantía de la indemnización por despido: el empleado no abandona su empleo para no perder la indemnización y el empleador no le despedirá para no tener que afrontarla.

3 – Flexibilizar la negociación colectiva: convenios sectoriales, autonómicos y provinciales redundan en unas relaciones laborales excesivamente rígidas e impiden que las empresas españolas adapten sus costes laborales a las necesidades coyunturales o a los cambios estructurales que se produzcan en su entorno. Su propuesta: que las empresas de menos de 10 empleados no tengan convenio colectivo y que la vigencia de los convenios no se prorrogue ante la falta de acuerdo entre trabajadores y empresa, aplicándose en tal caso la legislación laboral general.

4 – Revisar la cuota de la seguridad social: eliminando la cuota mínima (209 euros mensuales en el caso de los autónomos, trabaje o no trabaje ese mes) y liberando del pago a los autónomos sin actividad; los empleados a tiempo parcial pasarían a pagar un 28% de su salario. Medidas todas ellas que contribuirían a reactivar el empleo a tiempo parcial. Para mantener la recaudación de la seguridad social, Díaz-Giménez propone aumentar la cotización máxima.

5 – Desjudicializar las relaciones laborales: la relación laboral debería extinguirse con el pago de los costes de despido correspondientes, evitando situaciones como la de María Dolores Amorós, ex-directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ha solicitado su readmisión por despido improcedente.

Una lectura rápida del plan propuesto por el profesor Díaz-Giménez puede conducir a pensar que un conjunto de medidas como éste lesiona seriamente los intereses del trabajador, debilitando la estructura de relaciones laborales actual. Una revisión detallada, tal y como él mismo concluye, nos lleva a pensar que este camino, o alguno similar, es el único que quizá podamos seguir si queremos tener relaciones laborales que proteger.